Procuración e Impartición de Justicia.

Procuración de Justicia e Impartición de Justicia.

Estos conceptos parecen similares, casi idénticos, pero tienen grandes diferencias que pasamos a disertar sobre ellas.

La impartición de justicia está encargada a los Jueces, mediante un poder Judicial, sin embargo, es la procuración de justicia la más cercana al ciudadano debido a su función de ser la institución que protege, resguarda y defiende a la sociedad en su conjunto.

La Procuración de Justicia en nuestro país y en los hechos, es una autoridad que formalmente le “pertenece” al Poder Ejecutivo y que tiene como función, facilitar o encargarse de que las leyes en la vida cotidiana se cumplan, especialmente las que se refieren a conductas que no queremos ninguna sociedad y que son esencialmente delitos.

En México existen 32 procuradurías en cada estado y Ciudad de México; más otra a nivel federal; y éstos 33 servidores públicos, se encargan en los hechos de que el sistema de justicia sea aplicable y observado por la sociedad en general.

Resulta que esos 33 procuradores del país; son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, (Presidente o Gobernadores); y ratificado su nombramiento por el Senado en el caso del presidente, y en los estados, por la cámara de diputados local.

Es decir que los procuradores le “deben” su nombramiento, en primerísimo término al Ejecutivo, pues él tiene el poder de nombrarlo de forma unilateral e indirectamente también le deberá su puesto al Legislativo, y en especial al grupo parlamentario que tenga la mayoría calificada para imponer su designación que ya hizo el ejecutivo; negocio cerrado por ambos poderes excluyendo al poder judicial que es el especializado en la materia.

Es lógico que una autoridad con una actividad social tan importante llega a ejercer un poder que está matizado de cuestiones muy políticas y con falta de independencia y profesionalismo.

De ahí deviene la clase de personas que han ocupado esos puestos, muchas veces profesionistas que no tienen ni la capacidad ni las competencias ni menos las habilidades para dirigir una organización tan importante como lo es una Fiscalía General de Justicia o la respectiva del estado.

Esto explica los pésimos resultados que la sociedad tenemos en la procuración de justicia, baste recordar el tristemente celebre Alberto Baz Baz, procurador de Justicia del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.

Lo anterior lo relaciono, con la noticia de la Señora María Eva «N», madre de José Antonio Yépez Ortiz, ‘el Marro’, considerado líder del Cártel de Santa Rosa de Lima que opera en Guanajuato; Señora que quedó libre este domingo 28 de junio; luego de que precisamente la Fiscalía de Guanajuato no lograra presentar los elementos necesarios en su contra para someterla a Juicio.

Tal situación, fue objeto de una serie de declaraciones del ejecutivo federal, quién públicamente dijo sus “creencias subjetivas” de ineficiencias y corrupción de «jueces» así como de la fiscalía de Guanajuato por la liberación, diciendo:

«…tiene que ver con un problema añejo, vinculado con 2 elementos, ineficiencias y corrupción; siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una transa para decirlo con claridad, siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo pero si hay, jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes.”

Afirmaciones a las que correspondió otra respuesta igual de desafortunada del Gobernador de Guanajuato quién dijo:

“…yo le presenté a Durazo y le hice saber pues de la molestia del estado de esta liberación porque pues aquí nosotros estamos trabajando fuerte para lograr la paz y tranquilidad teniendo objetivos y pues que se liberen así de fácil pues no nos parece justo…”

 Ambos mandatarios, son el vivo ejemplo en nuestro país donde no basta una reforma de las leyes, sino que además la cultura tiene que ver con viejas inercias, y las personas deben esforzarse por adquirir e implementar nuevos «saberes» de la legalidad y llevar a una sociedad a una democracia en el importante y necesario tema de justicia.

Las ocurrencias del Presidente, son claro reflejo de una sociedad que no acaba de entender que el derecho penal no se trata de venganzas justiciera carentes de sentido humano, sino que el Derecho penal dentro de un Estado Democrático, tutela los derechos humanos de toda persona, su dignidad, sin ser prejuicioso que tal derecho existe solo para un grupo de sujetos “malos”.

Los mandatarios se equivocan, igual que la mayoría de la población, de ver el ordenamiento penal como “PODER” y no como lo que es, un “DERECHOS”, lo que nos lleva como sociedad al aniquilamiento de la persona por la persona, convertirse en lo que se juró destruir.

El génesis de los derechos humanos ha sido justamente la respuesta fuerte y racional a un Estado Absolutista, prejuicioso y maniqueo; a una postura simplista y artificial de lo que es bueno y malo.

El Señor Presidente y también el Gobernador, en sus mentes rondan ideas equivocadas; tal vez porque nadie se los ha explicado o ellos no han tenido el cuidado de entenderlo; que desde por lo menos el año 2008 en nuestro país se incorporó como derecho humano, la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA de cualquier persona y en especial de aquellas que son imputados por uno o varios delitos, a fin de hacer acorde nuestra convivencia social con los nuevos paradigmas del derecho internacional.

La presunción de inocencia se explica por si misma; como principio humano que refleja el avance que se supone hemos alcanzado como civilización, lo que se duda al escuchar las “justificaciones” disfrazada de “sinceridades” de los gobernantes, que en realidad reflejan aún la existencia de patología social, decadencia de instituciones y un desconocimiento estructural de los derechos humanos de las personas erga omnes.

El actual derecho penal, requiere necesariamente el conocimiento de los principios que lo fundamentan (pro persona y presunción de inocencia) y además introducir en la población la ideología y práctica reiterada de tales principios, que no son otra cosa que el debido proceso.

No quisiera estar en la persona de la Juez que asumiendo el rol que estudio, aprendió y aplico constitucionalmente, tuvo que asumir la difícil pero correcta decisión de dejar libre a la Señora María Eva «N», madre de José Antonio Yépez Ortiz, ‘el Marro’; aunque ello en los hechos le pueda costar su carrera judicial, la ignominia social, la sospecha en su desempeño profesional y el consecuente daño a su dignidad.

Creo que si algún legislador federal tuvo alguna vez el entendimiento del calado de las reformas penales que se emprendieron y aprobaron desde hace más de 12 años; hoy debiera estar satisfecho por la aplicación de un andamiaje judicial que ha democratizado el proceso penal en México.

Sin embargo, corresponde al gremio de los abogados y de las personas que estudian y aplican la ley, para que las reformas Constitucionales en materia de política criminal se cuiden permanentemente y nos instalemos en un proceso progresivo para preservar los avances sociológicos y filosóficos a la que aspira toda sociedad que se diga civilizada.

El reto es transformar desde el ciudadano común hasta el mismo gobernante que detenta poder político, para que se culturice y generalice la condición de INOCENCIA de toda persona como premisa mayor de la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Transformar la ideología que concede al derecho penal su esencia social pública para la solución de conflictos humanos y nunca como instrumento de represión porque se aleja de la impartición de justicia a la que todos aspiramos.

Considero que para que exista verdaderamente una mejor procuración de justicia, es necesario modificar la regulación del nombramiento de los Fiscales en el país; siendo tanto instituciones Universitarias, el propio gremio de abogados y las organizaciones civiles; los más capacitados para proponer a las personas idóneas ha ocupar dichos cargos, con el voto directo de la ciudadanía, donde exista rendición de cuentas, transparencia y un compromiso del fiscal; proceso mediante el cuál dicha autoridad se comprometa a realizar un muy buen trabajo profesional y de dirección, y que además la sociedad pueda revocar su nombramiento en caso de incompetencia, falta de cumplimiento a sus actividades o corrupción.

Así mismo, también deberá quitarse el aislamiento público y anti democrático al poder judicial; que lo mantienen sometido y maniatado por los otros 2 poderes, a efecto de que en verdad exista una división y equilibrio de poderes que en su caso ahondaré en otra ocasión.

Fuentes consultadas:

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos Constitución Mexicana.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf Código Nacional de Procedimientos Penales.

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD PÚBLICA (PROCESO LEGISLATIVO) (18 de junio de 2008)

https://www.youtube.com/watch?v=E1tBWZwLM7A&t=85s Grupo reforma, 20 junio 2020

https://www.youtube.com/watch?v=jFsWUkNXRgQ Noticias Milenio Reclaman liberación de familiares de ‘El Marro’.

junio 30, 2020

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